La nueva protesta está prevista para este 29 de agosto. Indígenas elevaron reclamos a directivas de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Poblaciones indígenas y de consejos comunitarios de afrodescendientes buscan soluciones a promesas del Gobierno de viviendas en terrenos o pagos de indemnizaciones por parte del mismo Estado como lo ordenó el Consejo de Estado en una sentencia ratificada por la Corte Constitucional, debido a impactos ambientales en el río Anchicayá y comunidades vecinas.
Sin embargo, acuden a vías de hecho, como bloqueos en la vía de Cali a Buenaventura. Si bien, hacen valer el derecho a la protesta, la movilidad de otros ciudadanos y el transporte de mercancías para dinamizar el comercio y la economía desde y hacia Buenaventura con rutas a Cali y el interior del país resultan seriamente afectados.
Pero, los grupos armados también han protagonizado bloqueos, como el Eln con ataques e quemas de tractomulas. Fue el 16 de julio de este año, cuando hombres armados dispararon contra el conductor de un vehículo de carga y quemaron seis tractomulas. Las autoridades tuvieron que cerrar la vía por protección a la ciudadanía, pues además hallaron granada de fragmentación.
Impactos por los bloqueos y los cierres en la vía a Buenaventura
Cada vez que hay bloqueos en la vía de Cali a Buenaventura se generan pérdidas diarias de entre 5.000 y 6.000 millones de pesos y el comercio exterior de la ciudad puerto del Valle del Cauca se afecta seriamente, según la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar).
Por esta zona transitan 6.000 vehículos entre camiones de carga y particulares y se movilizan, en promedio, 65.000 toneladas diarias, de acuerdo con el mismo gremio. De 79 bloqueos en todo el país, según Colfecar, 26 corresponden al Valle del Cauca, con corte hasta mayo de este 2025, la mayoría de los cuales, en la vía a Buenaventura.
Es así que esta vez, comunidades indígenas anuncian un nuevo bloqueo el próximo 29 de agosto en la carretera a Buenaventura.
El anuncio lo hicieron el pasado 25 de agosto frente a instalaciones de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Fue una protesta pacífica de la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca (Orivac). Los indígenas piden el cumplimiento de la promesa del Estado, en 2023, sobre la entrega de tierras para levantar viviendas e impulsar unidades productivas que permitan cosechas de productos de pancoger.
“El Gobierno prometió estas tierras y van dos años de incumplimientos», dijo el consejero mayor Wal Gutiérrez.
Lo que sería la toma de la carretera a Buenaventura se llevaría a cabo en el sector de La Delfina, uno de los sitios donde históricamente se vienen realizando bloqueos por parte de diversas comunidades, no solo de indígenas. Reiteraron que de no obtener respuestas, la toma de la vía se llevará a cabo este 29 de agosto.
Sin embargo, la solución no está próxima, pues de acuerdo con fuentes de la SAE, estamento que administra propiedades de extintos capos del narcotráfico en el país, los terrenos que claman estos manifestantes estarían ocupados por otras personas, buscando nuevas salidas.
Otros bloqueos
El 27 de mayo de este 2025, habitantes de dos corregimientos unto al río Anchicayá, en Dagua, bloquearon la vía Buga a Buenaventura. La protesta se llevó a cabo en zona de El Gallinero.
De acuerdo con líderes, como Wálter Córdoba, comunidades de los corregimientos 8 y 9 aún reclaman pagos de una indemnización por unos 200.000 millones de pesos por la construcción de una hidroeléctrica hace dos décadas. Hablan de 24 años, específicamente. Estas comunidades manifestaron que más de 1.600 personas esperan este resarcimiento.
Estos líderes aseguraron que la Defensoría del Pueblo medió en un litigio por impacto ambiental a los pobladores. Afirmaron que siguen esperando pagos por estos daños y que la Defensoría del Pueblo sería la administradora del Fondo para la Defensa de los Derechos Colectivos que tendría la misión de desembolsar los dineros.
«Exigimos el pago de ley por la indemnización reconocida en la providencia del 10 de junio de 2021 del Consejo de Estado», dijo Córdoba. «Hoy llevamos meses en etapa administrativa de pago por parte de la Defensoría y la Defensoría no materializa esos dineros», anotó.
Dijeron que rechazan «respuestas vagas de la Defensoría del Pueblo, documentos sin fechas ni compromisos reales, pagos parciales del 60 %, cuando exigen la totalidad y soluciones sin cronograma definido».
Reiteraron que exigen el pago completo de las indemnizaciones, fechas específicas para los pagos pendientes, cronograma claro para las resoluciones restantes y respuestas de fondo, no evasivas».
Según estos líderes, comprenden los impactos en la vía de Cali a Buenaventura, pasando por Dagua, pero piden a la comunidad entender sus requerimientos. «Se nos agotaron los espacios de diálogos. Venimos dialogando y no se nos paga la indemnización», dijeron otras personas que realizan la protesta. Hasta ahora, esta manifestación ha sido pacífica, pero se mantiene el bloqueo.
«Nos habían dicho que el 19 de mayo habría una solución, por eso atrasamos la protesta», dijo Córdoba. «Apenas el 19 de mayo expidieron una de dos resoluciones», agregó el comunero.
Consejo de Estado ordenó pago a la Nación
Otro bloqueo se presentó el miércoles 9 de abril de este mismo 2025 por parte de la comunidad en el sector El Gallinero, sobre la vía Buenaventura-Buga. Fue levantado luego de 10 horas y tras la mediación de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, quien se comprometió con los manifestantes a acompañarlos en una reunión con la Defensoría del Pueblo.
“Hubo un bloqueo porque hace más o menos 30 años presentaron una demanda las comunidades por un desbordamiento que hubo en el río Anchicayá, lo que ordenó el pago de una multa cuantiosa de 200.000 millones de pesos para que se los repartieran a las comunidades y eso hoy está en un fondo de la Defensoría del Pueblo”, explicó la mandataria de los vallecaucanos.
“La Defensora del Pueblo dice que el problema ya está casi solucionado, que el Consejo de Estado ya dio su veredicto, pero que el Procurador Judicial, al parecer, hizo algunas objeciones y aún están en las últimas conversaciones para poder proceder con el pago a las comunidades”, dijo la gobernadora, en ese momento.
La sentencia del Consejo de Estado del 19 de agosto de 2022, por la Subsección B de la Sección Segunda, responsabilizó al Estado por los daños causados a las comunidades del río Anchicayá, debido a la descarga de sedimentos durante el mantenimiento de una hidroeléctrica en 2001. La Corte Constitucional confirmó la sentencia en 2024, argumentando que había suficiente respaldo probatorio para atribuirle al Ministerio de Ambiente, la responsabilidad por su inacción frente al daño ambiental.
Pero, según análisis de la Universidad Externado de Colombia, las entidades demandantes señalaron que la sentencia incurría en varios defectos: orgánico, sustantivo, fáctico, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución. En cuanto al defecto fáctico, elemento sobre el cuál versará el presente análisis, los demandantes alegaron que la condena se hizo sin pruebas suficientes de la responsabilidad del Ministerio en el daño ambiental.
A su vez, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible presentaron una acción de tutela contra la Sala Primera Especial de Decisión del Consejo de Estado, argumentando que sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa fueron transgredidos debido a una sentencia del 10 de junio de 2021.
Más protestas en la vía
Hace tres años, comunidades afro e indígenas del Valle del Cauca realizaron por lo menos, seis bloqueos en este mismo punto de la vía a la ciudad puerto. Los manifestantes clamaron por educación, protección del medioambiente, seguridad, así como mejoras para viviendas por impactos de la ola invernal y becas del Icetex.
Uno de los líderes dijo en ese entonces: «Necesitamos la reivindicación de los derechos de comunidades étnicas, pero hoy vemos desinterés. Necesitamos a funcionarios con capacidad de decisión», añadió desde Guacarí, centro del departamento.
Piden beneficios para adquisición de tierras, en medio de dramas por deslizamientos que han afectado más de 14 viviendas aledañas a la vía a Buenaventura, entre Dagua y Loboguerrero, así como en zonas de Guacarí. También esperan la ampliación del fondo especial de Icetex para que comunidades negras puedan tener ayudas, además de la inclusión de organizaciones y consejos comunitarios con población afro y raizal en programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
