La federación de empresarios del transporte de carga exige soluciones estructurales para proteger a los trabajadores y asegurar el flujo de mercancías en el país.
La violencia en las carreteras colombianas va dejando una huella cada vez más alarmante. En apenas siete meses de 2025, ya son al menos 18 los vehículos de carga incinerados en distintos corredores viales del país. Un fenómeno que, más allá de los daños materiales, refleja la creciente vulnerabilidad del sector logístico frente a la inseguridad.
El último caso tuvo lugar el 15 de julio en la vía que conecta Buenaventura con Loboguerrero, en el Valle del Cauca. Allí, seis vehículos fueron incendiados y un conductor resultó herido con arma de fuego. El transportador permanece hospitalizado en el municipio de Dagua, según confirmó la Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga), que encendió las alertas sobre el deterioro de las condiciones de seguridad para quienes mueven mercancías por el país.
La situación no es nueva, pero sí se intensificó. Los primeros ataques de 2025 se registraron el 2 de enero, cuando cuatro vehículos fueron quemados en la vía Bucaramanga–Barrancabermeja. El 21 de febrero, tres más fueron incinerados en la carretera Quibdó–Medellín. Luego, el 4 de julio, nuevamente se reportaron tres ataques similares en la misma zona de Buenaventura. Y apenas cinco días después, el 9 de julio, otros dos camiones fueron atacados en la vía Puerto Valdivia.
Cada episodio tiene características distintas, pero todos coinciden en un mismo patrón, rutas estratégicas, poca presencia estatal y una sensación de abandono que comenzó a instalarse entre los transportadores. “Nuestra labor es fundamental para el comercio exterior, el abastecimiento interno y la seguridad alimentaria del país. En este sentido, cualquier afectación al transporte de carga puede tener repercusiones directas en la vida cotidiana de los colombianos”, advirtió Fedetranscarga en un comunicado.
El gremio también hizo un llamado urgente al Gobierno nacional, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa y a la Fuerza Pública. La solicitud es clara, aumentar la presencia en zonas críticas, garantizar escoltas para rutas de alto riesgo y, sobre todo, fortalecer la vigilancia en parqueaderos públicos, donde también se han presentado ataques. “Se deben implementar medidas de seguridad tanto para los vehículos como para los conductores”, insistieron.
En un país donde el 70% de las mercancías se movilizan por carretera, la parálisis del transporte no solo implica pérdidas millonarias para las empresas, también desabastecimiento, alza de precios y mayor presión sobre la cadena de suministros. La seguridad vial, en este contexto, trasciende lo gremial y se convierte en una prioridad nacional.
Los transportadores, sin embargo, siguen expuestos. Muchos viajan sin garantías mínimas, asumiendo riesgos diarios para cumplir con entregas en zonas donde los controles estatales son escasos o ineficaces. En algunas regiones, los grupos armados ilegales impusieron restricciones y horarios de circulación, sometiendo a los conductores a una especie de ley paralela.
En este escenario, Fedetranscarga insiste en que no se puede seguir improvisando. La violencia sistemática contra el transporte de carga exige respuestas integrales, no solo operativos puntuales tras cada ataque. Mientras tanto, las cifras siguen subiendo y con ellas, la tensión en las rutas del país.
La escalada de violencia contra el transporte de carga no es solo un síntoma de inseguridad, refleja una profunda fragilidad institucional en zonas clave para la economía colombiana. La sistematicidad de los ataques sugiere una presencia criminal organizada que opera con impunidad.
La falta de respuesta efectiva por parte del Estado no solo pone en riesgo vidas humanas, sino que afecta directamente la logística nacional, encareciendo productos y debilitando el abastecimiento. Mientras el país insiste en la reactivación económica, las carreteras, su columna vertebral, permanecen expuestas. La omisión prolongada no es neutral, termina beneficiando a estructuras armadas que encuentran en el control territorial y la intimidación, nuevas formas de rentabilidad y poder.
