Fedetranscarga pidió, en entrevista con Infobae Colombia, mayor transparencia respecto al destino de los fondos recaudados y reclama convenios claros para definir cómo se fijarán los precios en adelante, considerando el alto consumo de combustible nacional la reciente decisión del Gobierno nacional de eliminar el subsidio al diésel (Acpm) para vehículos de uso particular, diplomático y oficial marca un cambio sustancial en la política de combustibles de Colombia.
Según el Ministerio de Minas y Energía, la nueva regulación, enmarcada en el Decreto 1428 de 2025, busca nivelar el precio interno del combustible con la tarifa internacional para estos segmentos, con el objetivo de corregir distorsiones en el uso de los subsidios y fortalecer las finanzas públicas.
El ajuste comienza de forma escalonada en las principales ciudades y áreas metropolitanas, mientras que el transporte público de carga y pasajeros quedan excluidos, lo que, de acuerdo con la autoridad, busca evitar un alza en los costos del transporte, los alimentos y el costo de vida general.
Para el presidente de Fedetranscarga, Arnulfo Cuervo, este ajuste dista mucho de representar un verdadero alivio para el sector de transporte. En diálogo con Infobae Colombia, Cuervo afirmó que la incidencia de las camionetas de los “ricos”, como las define el presidente Gustavo Petro, en el consumo nacional de Acpm no supera el 10%, por lo que considera irrelevante el impacto de la medida en la estructura de costos del país.
A su juicio, lo realmente determinante es la brecha de precios entre Colombia y Estados Unidos: “En Estados Unidos estamos hablando de dos dólares con ochenta y tres, y en Colombia lo estamos pagando por encima de dieciséis mil pesos el galón de gasolina”, explicó, evidenciando la dificultad que enfrenta el transporte nacional.
Las cifras del último año revelan que el precio del Acpm experimentó un incremento acumulado de 737 pesos en 2025. Este aumento deriva, en gran parte, de los compromisos adquiridos tras el paro de septiembre de 2024, cuando se pactó un ajuste total de 1.904 pesos.
De acuerdo con Cuervo, aún resta un 19% para alcanzar esa cifra, mientras que advierte que los incrementos han sido aplicados de modo casi imperceptible. “En el solo mes de diciembre, como nunca había sucedido, en 2025 subió dos veces: el 20 de diciembre y el 31 de diciembre”, detalló.
Los problemas del sector de carga van más allá del precio del ACPM
Además del precio de los combustibles, Fedetranscarga señala otros factores que complican gravemente la competitividad del sector. Sobresalen el valor creciente de los peajes, el aumento del salario mínimo, la inseguridad en las carreteras y el deterioro de la infraestructura vial.
Cuervo subrayó: “El transporte de carga en Colombia moviliza el 96,7% de la carga que mueve el país”; el impacto de medidas como la eliminación de subsidios y el encarecimiento del diésel puede extenderse al comercio exterior, al abastecimiento interno y a la seguridad alimentaria, afectando la estabilidad de la economía.
La preocupación en el sector empresarial y entre los transportadores persiste, ante la posibilidad de que el gobierno decida profundizar el aumento del precio del diésel una vez resuelto el déficit del fondo.
“Llevamos casi el 75%, 80% de aumento desde que asumió este gobierno y el país no dice nada.”, dijo el líder gremial. Advirtió que cualquier incremento adicional impactará de inmediato a la agricultura, la industria mediana y el suministro eléctrico de municipios no interconectados, segmentos que dependen del diésel para operar.
Fedetranscarga solicitó al Gobierno nacional que cumpla los acuerdos pactados y convoque mesas técnicas de diálogo para definir con claridad la fórmula de fijación de precios de los combustibles, así como para determinar el verdadero alcance del subsidio. Cuervo recalcó que el 97% del combustible consumido en Colombia se elabora en las refinerías nacionales con petróleo local, poniendo en duda la justificación de precios tan elevados y exigió una explicación transparente de la utilización de los fondos recaudados por el Estado.
