Entidad exige multas que totalizan los US$21,7 millones sin acuerdo culminó la audiencia de conciliación en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), relacionada con el requerimiento que presentó la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en contra de Terminal Pacifico Sur Valparaíso (TPS), San Antonio Terminal Internacional (STI) y DP World San Antonio.
Cabe recordar que, en marzo pasado, la FNE indicó que las firmas ejecutaron un abuso de posición dominante, por el cobro injustificado a importadores y exportadores de una tarifa de seguridad en el servicio de transferencia de carga. En ese contexto, la fiscalía pidió multas que totalizan cerca de US$21,7 millones.
«El tribunal declara frustrado el trámite de conciliación. Se consigna que la audiencia tuvo una duración aproximada de 10 minutos», señaló el TDLC el 11 de septiembre en el acta de dicha reunión. Con lo cual, el proceso deberá seguir su curso.
En el documento se mencionó a los apoderados de las partes. En el caso de TPS, asistieron Cristian Lozano y Alfredo Ossa de Ia Lastra; por STI, Mario Ybar; y por DP World San Antonio, Andrea von Chrismar y Javier Albornoz.
En marzo, los puertos criticaron la multa pedida por la FNE. puntualmente TPS recordó que las tarifas se cobran desde 2019 y que fueron objeto de análisis por parte de la fiscalía, no encontrando cuestionamientos y añadió que las que las tarifas fueron aprobadas por la estatal Empresa Portuaria Valparaíso.
TPS indicó en la ocasión “que resulta sorprendente que, en esta nueva oportunidad, más de cuatro años después del registro de las referidas tarifas de seguridad, la FNE presente un requerimiento en contra de TPS por infracción a las normas de protección a la libre competencia”.
STI, por su parte, afirmó en esa oportunidad que el requerimiento «supone un cambio de opinión, pues ya se había estudiado el caso de TPS y descartado inconvenientes. Con base en este antecedente, la EPSA (Empresa Portuaria San Antonio) validó la tarifa para STI».
Añadió que “esta nueva posición afecta a todo el sistema portuario y su funcionamiento, y desincentiva las necesarias inversiones en materia de seguridad que requiere el comercio exterior, que por lo demás son exigidas por otros entes del Estado”.
