Tras la tercera mesa de trabajo con los transportadores, la ministra de Transporte dijo que las medidas darán seguridad jurídica y supervisión.
En la tercera sesión de concertación entre el Gobierno y los transportadores de carga, el Ministerio de Transporte anunció avances en cuatro frentes: regulación, supervisión, sanciones y seguridad vial.
La ministra María Fernanda Rojas explicó que el nuevo decreto de carga ya entró en vigencia y que, en paralelo, se pondrá en marcha un plan especial de operativos liderado por la Superintendencia de Transporte en carreteras y puertos para verificar el cumplimiento normativo y reforzar los controles en los corredores de mayor tráfico.
“Estas decisiones son el resultado del diálogo constante con el sector y responden a la necesidad de contar con reglas claras, condiciones justas y mayor seguridad para los transportadores. Nuestro compromiso es acompañarlos, dignificar su labor y reconocer el papel fundamental que cumplen en el desarrollo del país”, afirmó la ministra Rojas.
De acuerdo con el Ministerio, el decreto actualiza la normativa que rige la operación del transporte de carga, con énfasis en seguridad jurídica, estándares operativos y mejores condiciones para los actores de la cadena. La actualización pretende ordenar procedimientos, reducir vacíos interpretativos y facilitar la aplicación de las reglas en temas como habilitaciones, operación de empresas, documentación, responsabilidades y condiciones técnicas de los vehículos.
La cartera enfatizó que el decreto también busca alinear la regulación con prácticas vigentes en los corredores logísticos, incorporando criterios de gestión del riesgo, trazabilidad y coordinación institucional, con el objetivo de disminuir tiempos, costos y eventos de incumplimiento que terminan afectando la competitividad.
Como segundo eje, la ministra solicitó a la Superintendencia de Transporte ejecutar un plan intensivo de control en puertos y vías nacionales. Estas acciones incluirán verificación documental, cumplimiento de habilitaciones, inspección de condiciones técnicas y revisión de tiempos de operación, con el propósito de disuadir prácticas irregulares y elevar los estándares de seguridad vial.
El Ministerio recalcó que la supervisión se hará con enfoque preventivo y pedagógico, priorizando los corredores críticos de carga y los puntos de alta siniestralidad, sin perder de vista la coordinación con autoridades de tránsito, concesionarios viales y terminales portuarias.
En el frente sancionatorio, la Superintendencia de Transporte informó que radicó en Presidencia la propuesta de modificación del régimen aplicable al sector, iniciativa que será presentada como proyecto de ley ante el Congreso de la República. El objetivo es fortalecer los mecanismos de control, dotar a la autoridad de herramientas más efectivas y garantizar mayor transparencia en los procedimientos.
Según el Ministerio, el rediseño busca proporcionalidad y claridad en las faltas y sanciones, mejoras en los plazos procesales y mayores garantías para el debido proceso, de manera que el sistema desincentive el incumplimiento sin castigar de manera indiscriminada a los actores formales.
El paquete de medidas también apunta a elevar los estándares de seguridad vial en los tramos donde se concentra el flujo de mercancías. La estrategia contempla reforzar controles sobre condiciones mecánicas, tiempos de conducción y descanso, y cumplimiento de pesos y dimensiones, junto con campañas de cultura vial para conductores y empresas.
El Ministerio de Transporte insistió en que el propósito es estimular la formalidad y la competitividad de las empresas de transporte, evitando que la informalidad y el incumplimiento generen competencia desleal frente a quienes operan dentro del marco legal.
Los anuncios se producen en un contexto en el que el sector de carga demanda reglas claras y agilidad institucional para enfrentar costos operativos, congestión en corredores estratégicos y mayores exigencias logísticas. De acuerdo con el Gobierno, las mesas de trabajo continuarán para hacer seguimiento a la implementación del decreto, ajustar los operativos conforme a la evidencia y acompañar el trámite del proyecto de ley en el Congreso.
