Gremios del transporte alertan por el impacto sobre la cadena logística y el abastecimiento.
La seguridad se ha convertido en un factor determinante para la estabilidad de la actividad productiva y la movilidad en Colombia, en medio de un escenario marcado por la expansión de economías ilícitas, el aumento de la presencia de grupos armados y hechos recientes que han impactado corredores estratégicos del país.
Un informe del Observatorio de Seguridad del Consejo Gremial Nacional documenta cómo el deterioro del orden público incide directamente en la libertad de empresa, los costos operativos y las decisiones de inversión, mientras los gremios del transporte de carga reportan afectaciones concretas derivadas del paro armado declarado por el ELN, con impactos sobre la cadena logística nacional.
Seguridad y libertad de empresa bajo presión
El Consejo Gremial Nacional plantea que la seguridad constituye un bien público esencial, cuya afectación repercute de manera directa sobre la actividad empresarial, la generación de empleo formal y la confianza de los inversionistas. El informe señala que la seguridad física, jurídica y digital forman parte de un mismo entorno que permite administrar los riesgos inherentes a la actividad económica. Cuando ese entorno se deteriora, se incrementan los costos de transacción, se restringe la inversión y se afecta la continuidad de los procesos productivos.
La inseguridad, de acuerdo con el documento, se manifiesta a través de múltiples conductas que presionan la operación empresarial. El homicidio, el secuestro y las amenazas contra trabajadores generan entornos laborales frágiles, reducen la movilidad del talento y obligan a replantear horarios, rutas y esquemas de supervisión. Estas condiciones incrementan los costos operativos y, en algunos casos, limitan la capacidad de las empresas para atraer o retener personal calificado, afectando la productividad y la estabilidad de las operaciones.
La extorsión es identificada como uno de los principales factores de presión sobre el sector productivo. El informe la describe como un mecanismo que altera la planeación financiera, condiciona la ejecución de proyectos y afecta por igual a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. En determinados territorios, las exigencias extorsivas se han sofisticado, incorporando condicionamientos relacionados con la contratación de servicios, el transporte de mercancías o el acceso a determinadas zonas.
A estas dinámicas se suman las afectaciones a la infraestructura y a la logística. La voladura de vías, los atentados contra oleoductos, los bloqueos prolongados y el sabotaje a instalaciones interrumpen los flujos de bienes y servicios, generando sobrecostos por desvíos, pérdida de mercancía e incumplimiento de contratos. Sectores como el transporte de carga, la agroindustria, la manufactura y el comercio enfrentan mayores dificultades para garantizar la continuidad de sus operaciones, lo que incide en la confiabilidad de las cadenas de suministro y en la competitividad del país.
El documento también señala que el crecimiento del cibercrimen amplía la superficie de riesgo para las empresas. Aunque en 2025 se registra una reducción anual de los delitos informáticos frente al año anterior, la tendencia de largo plazo muestra un crecimiento sostenido, con el hurto por medios informáticos como la conducta más frecuente. Esta situación obliga a destinar recursos crecientes a inversiones en ciberseguridad, protocolos de respuesta y capacitación interna, en un contexto de mayor digitalización de los procesos productivos y comerciales.
Economías ilícitas y expansión territorial del crimen
El balance de indicadores de seguridad presentado por el Consejo Gremial Nacional evidencia que las economías ilícitas continúan siendo un factor estructural que condiciona el entorno empresarial. En materia de narcotráfico, el país registró en 2023 un total de 253.000 hectáreas cultivadas de coca, la cifra más alta desde que se realiza esta medición, con una producción potencial de 2.664 toneladas de cocaína. De acuerdo con Naciones Unidas, esta producción representa el 72 % del total mundial.
Aunque el Ministerio de Defensa ha reportado incrementos en las incautaciones de cocaína en 2024 y 2025, el informe advierte que estos resultados deben analizarse en relación con el crecimiento de la producción y la reducción sostenida de la erradicación de cultivos desde 2020. La disponibilidad de cifras oficiales más recientes ha estado limitada por diferencias metodológicas, lo que impide contar con un panorama completo al cierre de 2025.
La minería ilegal también presenta una amplia cobertura territorial. Según la Procuraduría General de la Nación, esta actividad afecta a 29 departamentos y el 85 % del oro exportado tendría origen ilegal. En 2022 se identificaron más de 94.000 hectáreas con explotación de oro de aluvión, la mayoría sin permisos técnicos o ambientales, con una coincidencia significativa entre estas actividades y la presencia de cultivos ilícitos.
En materia ambiental, la deforestación mostró un aumento en 2024, con más de 113.000 hectáreas afectadas, concentradas en regiones donde confluyen economías ilícitas y control territorial de grupos armados. Estos fenómenos se relacionan con dinámicas de financiación criminal y sustitución de funciones del Estado en determinadas zonas.
El informe de la Defensoría del Pueblo citado por el Consejo Gremial Nacional señala que los grupos armados se encuentran en una fase de expansión. El Clan del Golfo, el ELN, el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia han ampliado su presencia en municipios del país, con conductas asociadas como amenazas, desplazamiento forzado, restricciones a la movilidad, reclutamiento de menores, minería ilegal y trata de personas.
Paro armado y afectaciones directas a la cadena logística
En este contexto de deterioro de la seguridad, los gremios del transporte de carga han reportado impactos directos sobre la movilidad nacional. Fedetranscarga denunció que el paro armado declarado por el ELN entre el 14 y el 17 de diciembre de 2025 tuvo como propósito suspender la actividad de transporte y afectar el abastecimiento nacional, especialmente en una temporada de alta demanda comercial.
El gremio informó sobre bloqueos, atentados y hechos violentos en distintos departamentos, incluyendo la voladura del peaje La Lizama, el asesinato de un conductor de ambulancia y cierres viales por presencia de artefactos explosivos improvisados. Según Fedetranscarga, la declaración de considerar como objetivos militares las instalaciones y vehículos de las Fuerzas Armadas incrementó el riesgo en los corredores viales y puso en peligro la vida de los transportadores.
A estas alertas se sumó Colfecar, cuyo pronunciamiento detalló el impacto acumulado de la inseguridad sobre el sector. Su presidenta, Nidia Hernández, afirmó: “En los últimos años, el sector de transporte de carga y logística viene enfrentando varios flagelos. No solamente los cierres viales, sino también innumerables bloqueos que a corte del 30 de noviembre de este año superan los 804 bloqueos en vías nacionales. Pero a esto se suma adicionalmente una ola de inseguridad sin precedentes por parte de grupos armados a nivel nacional”.
Hernández señaló que el alcance del último paro armado del ELN tuvo un impacto distinto a episodios anteriores. “El ELN no solamente viene decretando paros armados en el departamento del Chocó, donde no permite la movilidad de vehículos de carga ni de pasajeros, pero en este último paro armado el alcance fue a nivel nacional, generando graves traumatismos a la cadena logística del país”, indicó.
Según el balance de Colfecar, durante este paro se registraron “la instalación de 17 artefactos explosivos en vías nacionales, la incineración de 5 vehículos de transporte público, 4 vehículos que fueron impactados con armas de fuego poniendo en riesgo la vida de los conductores, además de la instalación de banderas de este grupo armado sobre la vía, que lo único que generan es miedo y zozobra en la población transportadora”. De acuerdo con la dirigente gremial, “estos 28 casos se presentaron en 8 departamentos del país”.
Hernández agregó que las afectaciones han tenido impactos económicos y operativos significativos y sostuvo que “realmente es inconcebible que esta situación se esté presentando”. En ese sentido, indicó que “los daños han sido enormes, las pérdidas han sido enormes y el llamado que hacemos de nosotros de Colfecar al Gobierno Nacional es que, por favor, deben tomar un control total del territorio y garantizar el derecho al trabajo y la movilidad de los colombianos”.
Los gremios coinciden en que las afectaciones a la seguridad y a la movilidad inciden directamente sobre la continuidad de la operación logística, la planeación empresarial y el abastecimiento, en un entorno donde la seguridad se mantiene como un componente estructural del funcionamiento económico y la estabilidad institucional del país.
