La Asociación expresó su rechazo al acuerdo anunciado que permitiría el ingreso de camiones de ese país a Colombia.
La Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) expresó su rechazo al compromiso anunciado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, mediante el cual Colombia aceptaría el ingreso de camiones ecuatorianos a todo el territorio nacional.
El gremio aseguró que la decisión no fue informada ni discutida con los transportadores, denunció incumplimientos de acuerdos previos y advirtió que la medida podría derivar en movilizaciones si el Gobierno persiste en su implementación. La ACC declaró al sector en “alerta máxima» y señaló afectaciones económicas, institucionales y de seguridad derivadas del transporte directo.
La posición del gremio fue divulgada en un comunicado de prensa fechado en Ipiales el 7 de febrero de 2026, en el que la organización manifestó su desacuerdo con lo anunciado oficialmente por las autoridades ecuatorianas. Según la ACC, el compromiso permitiría la operación de vehículos de carga de Ecuador dentro de Colombia sin restricciones territoriales, lo que modificaría las condiciones actuales del transporte binacional. El pronunciamiento fue suscrito por la Junta Directiva Nacional del gremio y difundido como postura institucional frente a la medida.
Rechazo al acuerdo y cuestionamientos al transporte directo
En el comunicado, la ACC calificó la decisión como “grave, equivocada y muy perjudicial para los camioneros colombianos”. El gremio sostuvo que el transporte directo ya había sido aplicado en el pasado y que sus efectos fueron negativos para el sector nacional. En ese contexto, señaló que dicha modalidad se convirtió en “un factor para propiciar el monopolio de grandes empresas”, afectando la participación de transportadores locales en las operaciones de carga internacional.
La asociación también relacionó el transporte directo con riesgos adicionales, al indicar que esta práctica facilitó el contrabando de combustibles, medicamentos y narcóticos, así como la trata de personas y otras actividades ilícitas. Según la ACC, estos antecedentes no fueron considerados en el compromiso anunciado y representan elementos que agravan la situación para el transporte colombiano. El gremio afirmó que la medida compromete tanto la estabilidad económica del sector como los controles sobre la movilización de mercancías en el país.
Otro de los puntos señalados por la ACC fue la supuesta reciprocidad entre ambos países. En el comunicado, la organización afirmó: “Reiteramos que, la supuesta reciprocidad enunciada nunca existió”. Con esta afirmación, el gremio cuestionó el argumento de equilibrio bilateral que justificaría el ingreso de camiones ecuatorianos al territorio colombiano y sostuvo que las condiciones de operación no han sido equivalentes para los transportadores de ambos países.
Falta de información y acuerdos del Paro Nacional Camionero
La ACC también manifestó que la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, no informó ni discutió este tema en las mesas existentes del Paro Nacional Camionero. Según el gremio, en esos espacios se había pactado tratar los asuntos estructurales del sector, entre ellos las condiciones del transporte internacional y las políticas que afectan directamente a los camioneros colombianos.
El comunicado señala que la decisión fue tomada “a espaldas de los camioneros”, lo que para la ACC constituye un incumplimiento de los acuerdos firmados por el Estado colombiano. La organización indicó que esta actuación representa una ruptura de la confianza construida con el gremio durante los procesos de diálogo previos y que debilita los mecanismos de concertación establecidos entre el Gobierno y los transportadores.
De acuerdo con la ACC, la ausencia de información previa y de discusión formal sobre el ingreso de camiones ecuatorianos contradice los compromisos adquiridos durante el paro, en los que se acordó que cualquier modificación estructural del sector sería analizada de manera conjunta. El gremio sostuvo que el manejo del tema afecta la credibilidad de las instancias de negociación y altera el marco de relacionamiento institucional con el Ejecutivo.
Declaratoria de alerta máxima y posibles acciones
Ante este escenario, la Asociación Colombiana de Camioneros anunció que los transportadores colombianos se declaran en “ALERTA MÁXIMA”. En el comunicado, el gremio expresó que está dispuesto a defender su trabajo y la soberanía del transporte nacional frente a lo que considera una afectación directa a sus actividades. La ACC advirtió que, si el Gobierno persiste en desconocer lo acordado, podrían adoptarse medidas de presión.
Entre las acciones mencionadas se encuentra la posibilidad de una inmovilización del sector, como mecanismo de defensa frente a la implementación del compromiso anunciado. La organización indicó que esta opción se contemplaría si la medida avanza con el objetivo de beneficiar “a unos pocos privilegiados”, según lo expresado en el pronunciamiento oficial.
