Con ahorros del 50% en ‘combustible’ y un arsenal de beneficios tributarios, la ecuación ha cambiado. Analizamos por qué la transición a flotas con sistemas completamente eléctricos ya no es una opción, sino una necesidad estratégica.
La conversación sobre lo eléctrico en el transporte de carga en Colombia ha cambiado de tono. Ya no es un debate sobre ecología o imagen corporativa; se ha convertido en una discusión de pura y dura rentabilidad. Una “tormenta perfecta” de factores económicos, tributarios y tecnológicos está haciendo que la operación de flotas comerciales con diésel o gasolina sea cada vez más insostenible, posicionando a los vehículos eléctricos como la jugada más inteligente y, en muchos casos, la única viable para el futuro.
La matemática no miente: Desglosando el ahorro operativo
El argumento más poderoso para cualquier gerente de logística se encuentra en las cifras del costo por kilómetro. La diferencia es tan abismal en los eléctricos que desafía cualquier argumento en contra.
Operar un vehículo comercial con diésel cuesta, en promedio, $600 por kilómetro.
Hacerlo con un vehículo eléctrico reduce ese costo a un rango de entre $190 y $240 por kilómetro.
Estamos hablando de un ahorro superior al 50% solo en el rubro de energía. A esta cifra se le debe sumar la drástica reducción en los costos de mantenimiento: se eliminan por completo los cambios de aceite, filtros de aire y combustible, sistemas de embrague y los complejos y costosos sistemas de control de emisiones. A largo plazo, el ahorro es monumental.
El Estado como aliado: El arsenal de beneficios tributarios
El segundo factor de esta tormenta perfecta es el decidido apoyo del gobierno, que ha creado un ecosistema de incentivos para acelerar la transición a los vehículos eléctricos.
IVA del 5%: En lugar del 19% general para vehículos de combustión.
Cero aranceles de importación, lo que reduce significativamente el costo de adquisición.
Exención de Pico y Placa en la mayoría de las ciudades, lo que se traduce en un 100% de disponibilidad y productividad.
Un poderoso beneficio en el impuesto de renta, que permite a las empresas deducir hasta el 50% del valor del vehículo de su base gravable.
Estos incentivos no son un simple descuento; son una política de Estado que inclina la balanza de forma decisiva a favor de la electrificación.
Más que un camión, un ecosistema de negocio
El tercer y quizás más innovador factor es el cambio en el modelo de negocio. Marcas como la recién llegada Farizon ya no solo venden vehículos; ofrecen soluciones integrales “llave en mano”. Este ecosistema incluye el diseño e instalación de la infraestructura de carga, el software de gestión de flotas para optimizar rutas y consumo, y planes de financiación estructurados.
“La movilidad eléctrica debe ser rentable, accesible y útil desde el primer día”, comenta Diego Zárate, Gerente de Marca de Farizon Colombia. Este enfoque elimina las barreras de entrada y el riesgo técnico para las empresas.
La rentabilidad ‘verde’: Cuando ser sostenible abre puertas
Finalmente, la sostenibilidad ha dejado de ser un intangible para convertirse en una ventaja competitiva real. Cumplir con los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) es cada vez más un requisito indispensable para acceder a licitaciones y contratos con grandes corporaciones. Con una reducción de hasta el 67% en la huella de carbono, una flota eléctrica no es solo un ahorro, es una llave que abre nuevas oportunidades de negocio.
La conclusión es inevitable. La convergencia de un ahorro operativo masivo, un fuerte apoyo gubernamental, nuevos modelos de negocio y la demanda de sostenibilidad ha creado un punto de inflexión. Para el transporte productivo en Colombia, la transición a flotas con sistemas eléctricos ya no es una pregunta de “si” sucederá, sino de “cuán rápido” deben actuar las empresas para no quedarse atrás.
