Panama Ports Company S.A. (PPC) informó que este 3 de febrero de 2026 inició un proceso de arbitraje contra la República de Panamá, “en virtud del contrato de concesión aplicable y las Reglas de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional”. La acción de PPC se produce luego de que la Corte Suprema de Justicia de Panamá declarara inconstitucional el marco legal que sustenta su concesión en los puertos de Balboa y Cristóbal, decisión que anula un contrato de concesión para que la filial de de Hutchison Ports opere ambos puertos, activando el proceso de salida del operador.
Según la compañía, esta decisión se produce luego de “una campaña del Estado panameño dirigida específicamente contra PPC y su contrato de concesión”, desarrollada durante más de un año y caracterizada por “una serie de acciones abruptas” que habrían culminado en “daños graves y daños adicionales inminentes”, sin que se hayan adoptado medidas similares frente a otros contratos portuarios.
La filial de Hutchison Ports sostuvo que, antes de recurrir al arbitraje, realizó “extensos esfuerzos […] para consultar y evitar disputas”, manteniendo sus operaciones y cooperando con el Estado. No obstante, afirmó que “el Estado panameño rutinariamente ha desestimado las comunicaciones, esfuerzos de consulta y solicitudes de claridad”.
La empresa fundamenta su reclamo en el carácter del contrato de concesión y el marco jurídico vigente por casi tres décadas, que describe como un “contrato-ley”, diseñado para otorgar “seguridad jurídica y respeto a largo plazo del marco legal y contractual aplicable”. En ese contexto, PPC sostiene que “la República de Panamá ha incumplido el Contrato y la ley aplicables” y que solicitará “una indemnización amplia basada en una evaluación de datos financieros relevantes, sujeta a una pronta resolución, junto con otras medidas legales complementarias”.
Como parte del trasfondo del conflicto, la compañía indicó que el Estado “optó por revertir sus posiciones sostenidas durante largo tiempo con respecto al marco jurídico y contractual” y que impulsó o respaldó procedimientos legales “destinados a destruir el contrato de concesión”, el cual, según remarca, fue resultado de “un proceso de licitación internacional transparente”.
PPC también se refirió a un comunicado de prensa emitido por el Poder Judicial panameño el 29 de enero de 2026, calificándolo de “irregular” y relacionado con un fallo que declara inconstitucional la Ley Nº 5 de 1997, entre otras normas. De acuerdo con la compañía, dicho resultado es “diametralmente opuesto a decisiones anteriores dictadas por la Corte Suprema con relación a contratos similares”, y el fallo “aún no se ha publicado ni ha entrado en vigor”.
La compañía señaló que, a partir de ese comunicado judicial, “el Estado panameño declaró y desplegó ampliamente pasos para tomar el control de las operaciones de PPC”. Entre estas acciones mencionó “visitas inesperadas e instrucciones para que PPC […] proporcione acceso irrestricto a propiedad física, comercial, intelectual e información, así como a sus empleados”, en el marco de un supuesto plan para “sistematizar y ejecutar” una transición portuaria mediante “acciones coordinadas” de autoridades estatales.
Pese a este escenario, PPC afirmó que ha continuado operando y solicitando instancias de coordinación, recordando que ha invertido en el país “una cantidad múltiple veces mayor que la inversión realizada por cualquier otro operador portuario”, lo que ha permitido generar “miles de empleos directos e indirectos” y contribuir a posicionar a Panamá como “un puerto y centro logístico reconocido a nivel mundial”.
Finalmente, la compañía reiteró “enérgicamente su invitación al Estado panameño para proporcionar claridad y consultas a este asunto”, mientras avanza el proceso arbitral internacional.
