El Ministerio de Transporte alista varios cambios para el sector de transporte de carga en Colombia.
Una ola de críticas y advertencias ha generado un proyecto de decreto del Ministerio de Transporte que busca reconfigurar el sector de carga en Colombia y cumplir algunos de los compromisos pactados en septiembre de 2024 para levantar el paro camionero.
Aunque la entidad asegura que estos ajustes buscan reducir las asimetrías en las relaciones económicas entre empresas de transporte y propietarios, los gremios del sector advierten que son ineficientes, generarían sobrecostos y le restaría competitividad a Colombia.
Uno de los cambios que propone el proyecto de decreto está relacionado con el esquema de reposición uno a uno. Esto significa que en el país no se podrá matricular un vehículo si no se desintegra uno.
Esta reposición se extendería a los vehículos livianos con capacidad de entre 5 y 10 toneladas y, según el presidente de Andemos, Andrés Cháves, provocaría un sobrecosto del 25 por ciento para camiones nuevos de más de 5 toneladas.
“La reposición del parque automotor se convertiría en una política tremendamente costosa, sobre todo para un sector tremendamente democratizado. Cerca del 80 por ciento son pequeños transportadores”, comenta.
Igualmente, la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) advierte que si esta iniciativa se materializa podría incrementar los costos logísticos para los generadores de carga, debido a posibles restricciones en la oferta de transporte y aumentos en las tarifas de flete.
Además, la imposición de este esquema restringiría la capacidad de las empresas generadoras de carga y transportadores, en especial los pequeños, para adquirir nuevos vehículos, ya que condiciona la compra a la desintegración de unidades antiguas.
Para Analdex, exigir la chatarrización de un vehículo liviano viejo para permitir el ingreso de uno nuevo podría incrementar el valor comercial de los vehículos, generando un efecto secundario en la estructura de costos reflejada por el Sice-TAC, con impacto directo en las tarifas de transporte de carga.
“Esto nos deja en una posición poco favorable frente a socios comerciales como Estados Unidos, ya que se restringiría aún más la venta de vehículos de carga en el país para prestar el servicio público de transporte de carga, generando presiones en fletes también hacia arriba y controversias comerciales con socios como Estados Unidos y la Unión Europea”, dice el gremio.
En un contexto donde Estados Unidos está revisando qué restricciones comerciales les aplica a sus socios comerciales, esta barrera implicaría una gran probabilidad de que le imponga una medida retaliativa a las exportaciones colombianas, siendo un tema directamente responsabilidad del Gobierno Nacional.
El esquema de reposición uno a uno también le genera una gran preocupación a la Asociación de Concesionarios de Automotores (Aconauto), pues considera que tiene varios efectos indeseables:
La iniciativa se presta para los conocidos carruseles de la chatarrización.
Se oficializa una espiral especulativa de los precios de los usados, pues los valoriza en el sentido de que son necesarios para que nuevos vehículos de carga entren al mercado.
Ralentiza la renovación del parque con consecuencias tanto ambientales como de seguridad vial.
El gremio también asegura que la iniciativa del Ministerio de Transporte establece una tabla imprecisa de equivalencias para la reposición de los vehículos de carga que se presta para interpretaciones subjetivas.
“En el mercado automotor colombiano no hay exceso de parque y, por el contrario, el país tiene la tasa más baja de motorización de todos los países de la Ocde y en Latinoamérica, solamente es mejor que la de Venezuela”, señala Aconauto.
Los cambios en fletes
Dentro de los cambios que propone el Ministerio de Transporte también se establece una tabla obligatoria de fletes, bajo el Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (Sice-TAC).
Según Analdex, esta medida generaría mayores sobrecostos a los generadores de carga y representaría un retroceso en la política de libertad vigilada de tarifas, afectando a la competitividad del comercio exterior y dejando a los exportadores en clara desventaja frente a otros países competidores de la región.
Además, manifiesta que la implementación obligatoria del Sice-TAC no considera las dinámicas reales del mercado, lo cual podría penalizar prácticas eficientes.
“Este hecho contradice abiertamente lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, donde se menciona que los costos del Sice-TAC solo serían una referencia. Esta preocupación la hemos manifestado en reiterados escenarios”, comenta Analdex.
